Hace unas semanas, algunos parlamentarios norteamericanos -y transgrediendo el artículo 70 del Estatuto de Roma- amenazaron con represalias a la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso que ésta emitiera órdenes de arresto en contra de autoridades de Israel; sin embargo, y en una muestra de autonomía y compromiso por la lucha contra la impunidad, Karim Khan, Fiscal de la CPI, solicitó la emisión de órdenes de arresto no sólo en contra de algunos líderes de Hamás en función de la responsabilidad que estos tendrían en los asesinatos y secuestros de civiles judíos perpetrados en los ataques del 7 de octubre del 2023, sino también en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant a partir de las responsabilidades que tendrían en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Gaza a partir del 8 de octubre del pasado año.

Al respecto, es importante señalar que el Fiscal, y antes de solicitar las órdenes de arresto, debe reunir las pruebas suficientes de una forma imparcial y objetiva. Lo anterior, a fin de generar -a la Sala de Cxestiones Preliminares de la CPI- la convicción de estar en presencia de crímenes que son de competencias de la Corte.

A su vez, es importante señalar que Israel, si bien no reconoce la competencia de la CPI, Palestina sí, y lo hace desde el 2015. En consecuencia, la CPI está facultada para investigar no sólo cualquier acto que esté dentro de su competencia y que haya ocurrido en territorio palestino, sino también cualquier acto que haya sido cometido por algún palestino.

Así entonces, e independiente a la negativa de Israel de reconocer a la CPI y de las amenazas de represalias que la Corte recibió por parte de líderes de Washington, es importante reconocer su esfuerzo y voluntad a la hora de evitar que la histórica impunidad penal siga presente en todo lo que refiere a los crímenes internacionales que se realizan en el marco de la ocupación que sufre Palestina.